El acceso a la información científica y el bienestar humano
La capacidad de crear, transmitir y utilizar el conocimiento ha estado siempre estrechamente relacionado al desarrollo humano. Sin embargo, nunca en la historia había tenido un papel tan relevante, como ahora, al constituirse como un factor decisivo en el bienestar de las personas. El concepto mismo de sociedad del conocimiento se desprende de este conjunto de transformaciones económicas, culturales y sociales provocadas por la irrupción de la tecnología, la información y el conocimiento como los grandes precursores del desarrollo sostenible en nuestra era.
Esta transformación se hizo aún más evidente en el surgimiento de la pandemia del COVID-19 que sacudió al mundo hace unos cuantos años. Toda vez que ante la aparición de un nuevo virus mortal la única respuesta efectiva que los seres humanos han podido crear ha sido el estudio exhaustivo de su naturaleza, comportamiento y mecanismos de transmisión con la finalidad de inhibir su propagación y reducir su mortalidad. A la par, miles de investigaciones se desarrollaron con la finalidad de generar las vacunas, los fármacos y las inmunoterapias requeridas para su prevención y tratamiento.
Ante una fuerte amenaza a su supervivencia, la humanidad reaccionó con su capacidad de generar conocimiento y aplicarlo para su preservación adaptando su comportamiento. No obstante, esta respuesta no fue del todo uniforme y equitativa alrededor del mundo. No todas las sociedades, ni todos los individuos, tuvieron el acceso a los mismos recursos, ni contaban con las mismas capacidades para responder de la misma manera. Poniendo también de manifiesto, las importantes desigualdades existentes que repercuten en la pérdida de miles vidas humanas y graves daños económicos que sufren aquellas sociedades que carecen de ellas.
Por ello, uno de los ejes fundamentales en la construcción de una sociedad del conocimiento, es el acceso a la información de los individuos que la conforman. La información es un bien público que debe ser accesible, siendo responsabilidad de los gobiernos garantizar el derecho a saber de su población. Particularmente la información científica, que es el resultado de los procesos de investigación, debe ser difundida amplia y de manera asequible entre todos los sectores y grupos sociales.
En México, recientemente se incorporó en la Constitución, la obligación del Estado a garantizar a toda persona el derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, que ligado al derecho de acceso a la información, configuran un marco normativo robusto para asegurar que sus ciudadanos tengan la información necesaria para tomar las mejores decisiones que le permitan mejorar su bienestar.
El gran reto que ahora tienen las instituciones del Estado, es hacer ejercible este derecho mediante la habilitación de mecanismos efectivos de difusión del conocimiento, haciéndolo accesible, entendible y útil para todos. La experiencia reciente nos demuestra una vez más, que tanto para los gobiernos, como para los ciudadanos, el tomar decisiones basadas en evidencia puede ser la diferencia entre la vida o la muerte, entre la prosperidad o la pobreza.
